Las organizaciones sociales y personas abajo firmantes rechazamos enérgicamente a los sectores conservadores que, una vez más, están coartando en Chile la libertad, autonomía y dignidad de mujeres y hombres para tomar decisiones responsables sobre sus cuerpos, sexualidad y reproducción, lo cual forma parte intrínseca de su derecho humano a vivir una vida digna y saludable.
 
El dictamen emanado de la Contraloría General de la República, estableciendo que los consultorios de salud municipalizados y algunas organizaciones no gubernamentales no podrán distribuir la Anticoncepción de Emergencia, según lo establecido en el fallo del año 2008 del Tribunal Constitucional relativo a las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, es una muestra más de este extremo conservadurismo social, moral e institucional que prevalece en nuestro país, pero que sin duda no representa el sentir mayoritario de la población.

PROMSEX

En este año se inicia el último tramo de las metas que se propusieron a 20 años mas de 170 estados del mundo, con el fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos reproductivos. Estas metas, mejor conocidas como el Plan de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo (Cairo, 1994) establecieron no sólo nuevas definiciones, sino también una correlación práctica entre la sexualidad, reproducción y los derechos humanos, traducidos en una amplia variedad de servicios, que muchos de los estados han ido incorporando como parte de su política pública.

Durante el desarrollo de estos acuerdos, el problema del VIH/SIDA no estuvo ausente, pues para ese entonces, se preveía el avance de la epidemia, así como de sus consecuencias adversas; población afectada cada vez mas joven, fronteras difusas entre pobreza, exclusión y violencia, asi como la presencia cada vez notoria de la enfermedad entre mujeres que son infectadas por sus parejas y cuya prevención se ve obstaculizada por inmanejables barreras de género.

En el año 2008, las congresistas Marta Lorena Alvarado y Nelly Jeréz presentan un proyecto de decreto de ley orientado a prohibir la comercialización, compra, venta y uso de la anticoncepción de emergencia, el cual, en una inusual discusión parlamentaria, fue aprobado el  3 de abril de 2009 y pasado a la Secretaría de la Presidencia para su ratificación o su veto.

Si bien, el veto presidencial era evaluado como remoto, las organizaciones, principalmente de mujeres, iniciaron un arduo trabajo con el objetivo que éste pueda ser realidad. Fueron diversas las estrategias, acciones y alianzas que tanto a nivel local como internacional se realizaron, redes y organizaciones internacionales de mucho prestigio se sumaron a estas acciones, así, el CLAE , el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia (ICEC), La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecologia (FLASOG) , así como el Centro de Derechos Reproductivos , enviaron correspondencia y facilitaron material con argumentos que se sumaron a la sólida defensa que las organizaciones locales realizaron.