El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) se complace en presentar el Diagnóstico de la situación del embarazo Adolescente en Chile, donde se recogen datos cuantitativos, aspectos cualitativos y una reseña de los principales estudios que se han hecho en Chile entre 1990 y 2007, mostrando así un panorama general y completo que le permita a cada lector ahondar en el análisis de esta temática. Esperamos que el estudio contribuya a avanzar conjuntamente en la prevención y abordaje del embarazo en la adolescencia y que permita al mismo tiempo desarrollar nuevas investigaciones, con especial énfasis en lo cualitativo. Nuestro principal propósito es que el estudio sirva como herramienta para los tomadores de decisiones  el diseño de políticas públicas, para que estas tengan su base en las voces, miradas, prácticas y saberes propios de las distintas poblaciones que conforman un país.

 

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A inicios de 2008 dos diputadas del Congreso Nacional presentaron un proyecto de decreto de ley orientado a prohibir y a penalizar la comercialización, compra, venta y uso de la anticoncepción de emergencia (AE). El dictamen de este proyecto estuvo a cargo de una Comisión Ad Hoc en lugar de ser estudiado por la Comisión de Salud de esa cámara; posteriormente fue presentado al pleno el 2 de abril de 2009 pasado, aprobándose en un solo debate sin haber consultado previamente al ente rector en materia de salud, es decir, a la Secretaría de Salud.

Se justificó su aprobación a partir de un dictamen solicitado por la diputada proyectista a una instancia gremial, el Colegio Médico de Honduras, que, a pesar de citar una serie de estudios que determinan que la AE no tiene efecto sobre el endometrio, concluye que el uso de la AE provoca un aborto.

El decreto en mención, Decreto No.54-2009 de penalización de las PAE, fue enviado a la Secretaría de la Presidencia el jueves 7 de mayo pasado para que el Presidente de la República se pronuncie al respecto, ya sea aprobándolo o vetándolo. El 15 del mismo mes, el presidente vetó el decreto, basándose en los planteamientos de la Organización Mundial de la Salud, de la cual el Estado hondureño es parte, así como en los convenios de derechos humanos y en la Constitución de la República.

 

Declaración:

La Oficina de la Sede y la Oficina Regional para África de la Organización Mundial de la Salud, en asociación con la Unidad de Salud Reproductiva e Investigaciones sobre el VIH de la Universidad de Witwatersrand de Sudáfrica (que es un centro colaborador de la OMS), la Federación Internacional de Planificación de la Familia (Región de África), y Family Health International (FHI), convocaron una reunión de 72 representantes de 17 países del África subsahariana de habla francesa, portuguesa e inglesa, sobre el tema «Anticoncepción hormonal y VIH: ciencia y política». Entre los participantes se contaban encargados de la elaboración de políticas y administradores de programas actuantes en las esferas de planificación de la familia, salud sexual y reproductiva y VIH/SIDA; promotores de la salud de la mujer; personas afectadas por el VIH, y científicos y clínicos encargados de planificación familiar e investigaciones sobre el VIH. Se unieron a ellos 13 representantes de organizaciones y organismos internacionales de donantes y no intergubernamentales. El objetivo de la reunión era promover la discusión y la adopción de decisiones basadas en pruebas científicas en respuesta a la nueva información disponible sobre toda posible asociación entre la utilización de anticonceptivos hormonales y la adquisición del VIH.

En la reunión se examinaron datos e información sobre la relación entre el uso de anticonceptivos hormonales y el riesgo de infección por el VIH. La labor incluyó un examen de información ya publicada así como de datos nuevos que se espera hacer públicos en los próximos meses.

 

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For many women, emergency contraceptive pills (ECPs) offer an opportunity to prevent unintended pregnancy following contraceptive method failure, rape or unprotected sex. Access to this safe, effective option remains an essential element of women’s quality reproductive healthcare. However, ECPs remain naccessible across much of the world, as both supply and demand constraints undermine potential clients’ ability to effectively use the method. This is particularly true in developing countries, where limited commodity supplies, provider competency, public awareness, and misinformation routinely coalesce to restrict the availability of ECPs. While ECPs have been introduced on a pilot basis in many countries, their effective integration into both the public and private sectors has lagged in the face of ompeting priorities. Successful interventions are guided by the principle that provision of ECPs is not exclusively the responsibility of government family planning programs, and so seek to mainstream delivery of ECPs by developing linkages with private sector providers and pharmacies, the HIV/AIDS sector, and sexual assault services.

As with the introduction of most contraceptive methods that are new to a national program, the process of successfully introducing ECPs into a country’s health care system is a complex and usuallyprotracted undertaking. This handbook is designed to provide step-by-step guidance for introducing and mainstreaming ECPs within a variety of country contexts, in a manner that will be responsive to their diverse needs and resource availability.