Una de las demandas históricas de las organizaciones de mujeres en Chile ha sido el acceso garantizado a la anticoncepción de emergencia, AE, como un método que permite responsablemente prevenir un embarazo no deseado o inoportuno, luego de una relación sexual no protegida. Demanda que se inscribe en el amplio significado de los derechos sexuales y reproductivos y se sustenta en la disponibilidad de información y medios para tomar decisiones sexuales y reproductivas en forma oportuna.

Sin embargo, desde hace varios años en el país se han colocado innumerables trabas a la distribución de la AE por la acción de grupos conservadores que insisten en inmiscuirse en la vida privada de las personas, en este caso las mujeres, interfiriendo en su autonomía de decisión en el ámbito sexual y reproductivo, e intentando imponer sus valores morales caducos a una población diversa.

En este restrictivo panorama, hay que destacar la aprobación de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad por parte del Ministerio de Salud el año 2006, las que constituyen un avance para responder a las desigualdades e inequidades en el goce del derecho a la salud que por tantos años han afectado a las capas más pobres de la población, y en especial a las adolescentes, frecuentemente discriminadas de la atención de salud sexual y reproductiva. Con esta normativa, desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos y justicia social, el Estado se hace responsable de proporcionar gratuitamente a las mujeres que acceden a los servicios públicos de salud, los métodos anticonceptivos que les permiten regular su fecundidad según ellas decidan y en el momento indicado. Esto abarca la anticoncepción de emergencia, incluso para adolescentes a partir de los 14 años, sobre la base del respeto a la confidencialidad y sin contar con la autorización de sus padres, reconociendo a las y los jóvenes como sujetos de derechos, con capacidad para adoptar determinaciones sobre su salud y sus vidas.

Se trata, por lo tanto, de una política pública que respeta los derechos humanos sexuales y reproductivos de todas y todos, sin discriminación, por lo cual ha sido respaldada y defendida por las organizaciones de mujeres.

Sin embargo, un grupo de 36 diputados y diputadas mal llamados “pro vida”, presentaron un recurso de inconstitucionalidad en su contra al Tribunal Constitucional, TC, organismo sobre cuyas resoluciones no cabe apelación alguna. Aunque el recurso intentó que se prohibiera una amplia gama de anticonceptivos (incluyendo la T de cobre, el DIU más utilizado por las usuarias del sistema público) y la AE, el TC finalmente prohibió que el Estado entregue gratuitamente la AE a las usuarias del sistema público de salud, quienes en un porcentaje importante pertenecen a las capas de menores recursos del país, estableciendo así una situación de inequidad y discriminación en salud, y una grave vulneración a los derechos humanos sexuales y reproductivos.

Frente a esto, ¿cómo se gestó en la práctica el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción? ¿Cuáles fueron los detonantes sociales que permitieron que el tema de la anticoncepción de emergencia (y de la anticoncepción en  general), usualmente visto como de “mujeres”, llegará a ser apropiado por la ciudadanía en su conjunto?

Surgió a partir de una articulación de grupos de mujeres y feministas que decidió denunciar la ilegitimidad del fallo del TC en contra de las Normas Nacionales. Lo que no fue sino el reflejo de su compromiso histórico con la salud y derechos de las mujeres, pero que en esta oportunidad logró concitar las alianzas necesarias con otros sectores de la sociedad civil: estudiantes, profesionales de la salud, gremios, profesionales de la comunicación social, artistas, incluso con partidos políticos. Así se conformó en pocos días un gran movimiento ampliado, muy diverso en su origen, y por lo mismo muy rico en puntos de vista y en argumentos.

El hilo conductor que permitió esta articulación fue sin duda mucho más que la defensa de la anticoncepción, transitando desde este eje específico, hacia la demanda de libertad, autodeterminación y autonomía. El cuerpo de las personas fue visualizado y comprendido como espacio político donde se concretan y se expresan los derechos humanos universales; como un territorio donde no deben aceptarse violencias, imposiciones ni coerción de ningún tipo, sea que provengan de otras personas o de las instituciones o del Estado. Y por lo tanto se hizo evidente que estos reclamos, surgidos desde las mujeres en tanto sus cuerpos han sido históricamente controlados y violentados, debían ser asumidos por la ciudadanía en su conjunto.

Sin duda esto fue trasgresor en un país que no está acostumbrado a debatir públicamente sobre los derechos del cuerpo, pero esa misma trasgresión caló muy fuertemente sobre todo en sectores juveniles. Pues para ellos la libertad es una bandera de lucha que les es muy propia.

De esta forma, la agenda del Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción ha ido gestándose con múltiples voces, de mujeres organizadas, de mujeres feministas, de grupos de derechos humanos, estudiantes, sindicalistas, profesionales de la salud, representantes de las artes y la cultura, etc., quienes advierten el peligro de la acción fundamentalista de los parlamentarios que avalaron el recurso contra las Normas y del Tribunal Constitucional que emitió un fallo inquisitorial, ilegítimo y castigador. También perciben la clara injerencia de la jerarquía de la Iglesia Católica, a la que acusan de interferir indebidamente en las políticas públicas de un Estado laico.

Las acciones del Movimiento comenzaron con manifestaciones de repudio frente al Tribunal Constitucional y a sedes políticas, entrega de declaraciones públicas, entrevistas en medios de comunicación, articulación de redes electrónicas e instalación de un blog, demandas de solidaridad a nivel nacional, regional y mundial, etc. Una de esas manifestaciones fue incluso reprimida por las fuerzas policiales, pero eso no impidió que las y los manifestantes llegaran frente a la Catedral de Santiago y luego a La Moneda, sede de la Presidencia de la República. Uno de los hitos fue la organización el día 22 de abril, de la gran marcha ciudadana por la Libertad de Decidir, que solo en Santiago logró reunir a más de 17 mil personas, y en todo el país la cifra se remontó a cerca de 30 mil. Bajo ese gran lema, se colocaron muchos otros conceptos de gran potencia, algunos surgidos de otras acciones movimientistas: Sexo cuando deseo, embarazo cuando decido; Nosotras parimos, nosotras decidimos; Maternidad voluntaria ahora; Que nadie decida por ti; Democraticemos la píldora…

Sin embargo, considerando la situación del país, donde sigue vigente un texto constitucional que en gran parte es heredado de la dictadura pinochetista, también el Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción supo hacer el vínculo de su eje político principal con la exigencia ciudadana de avanzar a una constitución más democrática, más libertaria, más inclusiva. Una democracia que responda a una sociedad plural. Y esto también se pudo apreciar en los carteles amarillo/negros que inundaron las calles del país ese día 22 de abril: Nueva constitución ahora.

Pero no todo ha sido acción pública directa. También hay estrategias jurídicas en curso, que se refieren al estudio de acciones en instancias internacionales de derechos humanos para denunciar este fallo ilegítimo y las consecuencias que tiene en la vida de las mujeres. Y hay otras referidas a la difusión de información a distintos niveles, para asegurar que la mayor parte de las personas comprendan que se están trasgrediendo sus derechos.

Como bien lo dijo una de las integrantes del Movimiento: “este es un fallo ilegítimo que fue derrotado en la calle, por lo tanto la decisión es desconocerlo, desobedecerlo, desacatarlo”. En ese sentido, con ocasión del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, se cubrirán las calles con carteles de “píldoras de utilidad pública”, entregando a las mujeres las fórmulas posibles del Método Yuzpe; se realizarán mesas informativas en sectores populares y en universidades para enseñar a las mujeres cómo se utiliza. Asimismo, se exigirá a los partidos políticos que pongan en práctica sus discursos, al igual que a los candidatos a alcaldes, que por la cercanía de las elecciones municipales de pronto se dieron cuenta que las mujeres tienen derechos. Pues entonces que entreguen la “píldora del día después”.

Respecto de la defensa del Estado laico, una de las acciones más trasgresoras iniciada por la colectiva Mujeres Públicas, fue una apostasía masiva a través de la cual varios centenares de personas, principalmente jóvenes, decidieron dejar de pertenecer a la Iglesia Católica, como una muestra de rechazo por su intento de arrogarse el papel de conductor moral de la sociedad chilena.

Lo cierto es que nadie puede imponer una dictadura moral. Nadie puede decidir por nosotras/nosotros, menos aun en aspectos tan íntimos como la sexualidad y la reproducción. Por lo tanto, la valoración del cuerpo como un territorio de autonomía y dignidad, seguirá siendo la principal agenda de lucha del Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción el cual espera continuar aportando a la búsqueda de la libertad como un derecho intrínseco a la persona humana.

Adriana Gómez,
Movimiento por la Defensa de la Anticoncepción