En el año 2008, las congresistas Marta Lorena Alvarado y Nelly Jeréz presentan un proyecto de decreto de ley orientado a prohibir la comercialización, compra, venta y uso de la anticoncepción de emergencia, el cual, en una inusual discusión parlamentaria, fue aprobado el  3 de abril de 2009 y pasado a la Secretaría de la Presidencia para su ratificación o su veto.

Si bien, el veto presidencial era evaluado como remoto, las organizaciones, principalmente de mujeres, iniciaron un arduo trabajo con el objetivo que éste pueda ser realidad. Fueron diversas las estrategias, acciones y alianzas que tanto a nivel local como internacional se realizaron, redes y organizaciones internacionales de mucho prestigio se sumaron a estas acciones, así, el CLAE , el Consorcio Internacional de Anticoncepción de Emergencia (ICEC), La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecologia (FLASOG) , así como el Centro de Derechos Reproductivos , enviaron correspondencia y facilitaron material con argumentos que se sumaron a la sólida defensa que las organizaciones locales realizaron.

Toda esta movilización tuvo un positivo y alentador resultado, finalmente el 15 de mayo de 2009, el Presidente ejerció su potestad de veto. En este documento, (Lea el documento en PDF), el Presidente José Manuel Zelaya expone razones que sustentan su desacuerdo con este decreto, por considerarlo inconstitucional, señalando que desde el punto de vista científico, la Organización Mundial de la Salud, determinó que en base a la evidencia la AOE no es un método abortivo.

Señala así mismo, que el decreto aprobado por el Congreso atenta y lesiona las garantías y libertades declaradas en la Constitución de la República y tratados internacionales suscritos y ratificados por Honduras, en cuanto a la igualdad, libertad, garantía y respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres Hondureñas.

Así, el Presidente devuelve el decreto al Congreso con objeciones de fondo, determinando que el mismo no podrá someterse a una nueva deliberación en la Cámara del Congreso sin oír previamente a la Corte Suprema de Justicia.

 

Queda sin duda un arduo trabajo por realizar a fin de lograr que esta Corte ratifique el veto presidencial y que finalmente cuando el decreto retorne a la discusión congresal, pueda ser archivado de manera definitiva. Trabajo en el cual, es seguro que las organizaciones de Honduras tendrán la misma capacidad de trabajo mostrada y contarán con el apoyo nacional e internacional que han venido recibiendo.