Desde la instalación de la democracia en Chile se han experimentado grandes avances en diferente ámbitos de la vida, los datos estadísticos indican un mejoramiento en los niveles de justicia social, se han reducido las tasas de pobreza absoluta, existe un crecimiento económico estable, cobertura y acceso al sistema de salud, cobertura total en el sistema educacional, etc.  Cómo entender entonces que desde el 2001 hemos estado inmersos en una disputa política-ideológica respecto a la introducción, comercialización y utilización de la anticoncepción de emergencia en Chile. Sabemos a partir de la investigación de instituciones de prestigio, que la salud y derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción no están exentos de contradicciones, paradojas y avances.

Existen dos ámbitos en la discusión pública y en la Resolución del Tribunal Constitucional respecto a la prohibición de la anticoncepción de emergencia, por un lado la ética y por otro, la equidad social.

Respecto a la primera, entendemos la  posibilidad de preguntarse por nuestros comportamientos, lo que es equivalente a cuestionar el mundo en que vivimos gracias y a partir de nuestros prácticas individuales y colectivas. La ética es imposible cuando priman discursos transcendentales y verdaderos, sean estos religiosos, morales, políticos y/o económicos, en las vivencias y experiencias de los individuos. Cuando este tipo de discursos dominan la escena, las personas no tienen la posibilidad de alterar las dinámicas instituidas.
 
La ética significa permitir la existencia de un compromiso de los actores sociales frente a la sociedad y al mundo.  Dicho compromiso permite interrogar los productos y frutos de la sociedad en  función de la finalidad y del por qué de las acciones emprendidas.   No escuchar, no comprender los nuevos avances científicos, en este caso los mecanismos de acción de la anticoncepción de emergencia, es no tener una visión crítica y abierta de cómo el mundo progresa.

Durante mucho tiempo se ha discutido sobre lo privado y lo público en lo que atañe a las instituciones de salud. Esta discusión no puede perder de vista la exigencia central de atención adecuada y satisfactoria al conjunto de la población y es aquí donde entramos entonces al problema de la equidad. Como dijo la Presidenta Bachelet en su discurso al país del 21 de Mayo: la cuestión a la que se enfrentan los alcaldes es optar por decidir ellos por las personas o permitir que las personas decidan por si mismas, colocando la anticoncepción de emergencia al alcance de todos.

El segundo ámbito es la equidad social. Una sociedad sin solidaridad, sin equidad e igualdad es una sociedad que se enferma.  No es equitativo que sólo quien tenga acceso a pagar una consulta privada y conseguir la receta pueda acceder a la AE; y tampoco es equitativo que se le niegue a la mayoría de las mujeres -que se atienden en los consultorios de atención primaria- la posibilidad de elegir, no es equitativo que se necesite ser violada para conseguir la pastilla.

El acceso a las tecnologías antinconceptivas, en particular en situaciones de emergencia, no es sólo un problema privado sino también ciudadano. Su discusión, las decisiones, los recursos que se invierten, la formación del personal, la educación de salud, la elección de los medios más adecuados sin olvidar los otros aspectos de la vida social nos competen a todos.

Un Estado democrático, debe garantizar a mujeres y hombres el acceso al avance científico, cada uno puede elegir con responsabilidad e información, pero no se puede construir un muro medieval porque algunos pocos lo creen necesario a partir de sus particulares creencias y discursos morales.

Claudia Dides C.
Profesora Investigadora,
Directora Programa Género y Equidad, FLACSO-Chile